El sistema de solución de controversias inversionista-Estado (ISDS, por sus siglas en inglés), por el cual inversionistas extranjeros se encuentran habilitados para demandar a los Estados receptores de sus inversiones ante tribunal arbitrales internacionales, ha sido objeto de gran debate y crítica en los últimos años. Aunque el sistema se ha hecho lugar en la mayoría de tratados de inversión suscritos desde los años 70s del siglo pasado, a punto tal que hoy día existen cerca de 3000 tratados internacionales que contemplan alguna forma de ISDS, las críticas contra el mismo no han cedido y en cambio alcanzaron su auge en los últimos años en el contexto de las negociaciones de los llamados “mega-tratados”, acuerdos comerciales entre grandes bloques económicos con un alto potencial para las inversiones extranjeras y, al mismo tiempo, para el surgimiento de controversias internacionales de inversión.